El Estado regulador en Colombia

A lo largo de las últimas décadas y debido al creciente proceso de globalización y a la prevalencia de las violaciones a los derechos humanos en todo el orbe, hemos presenciado el surgimiento de numerosos tratados internacionales en esta materia, los cuales ya han sido incorporados al bloque de constitucionalidad de diversos países. En México, esta inclusión se dio a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Si bien esta modificación significó un importante avance hacia la protección de los derechos humanos a nivel nacional, también planteó preguntas necesarias...

Esta obra pretende realizar desde una perspectiva jurídica una aproximación a los elementos esenciales que caracterizan a nuestra Comunidad Autónoma como tal y que explican sus relaciones con otros entes territoriales. Para ello se aborda el análisis de sus signos identitarios, sus competencias, sus instituciones o su sistema de fuentes, sin olvidar los instrumentos que le permiten bien resolver sus conflictos con terceros, bien colaborar con ellos en beneficio mutuo. Aunque cada una de estas cuestiones ha sido objeto de estudio específico en profundidad por obras doctrinales de gran...

Texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Texto ordenado en 1997 y sus modificaciones que, como ANEXO I (IF-2019-102579214-APN-SIP#MHA), integra el presente decreto. El citado texto ordenado, elaborado según el índice que obra como ANEXO II (IF-2019-102579380-APN-SIP#MHA), se denomina “Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019”. Este decreto entró en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.