Hable en público para servir, ¡no para lucirse!

El legislador en el año 2013 acomete, una vez más, el objetivo de fomentar el mercado privado de las viviendas en alquiler a través de dos novedades legislativas que pretenden dar solución a la realidad social que se vive en los últimos años en España fruto de la crisis económica. Por un lado, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social pretende dar respuesta a los problemas derivados de la morosidad hipotecaria como consecuencia de la concesión abusiva de créditos hipotecarios....

El convenio de colaboración en sus dos modalidades –convenio entre Administraciones Públicas y convenio entre Administración y administrados– constituye una institución jurídico-administrativa de uso creciente, aunque por razones diversas para cada una de dichas modalidades. El convenio de colaboración en sus dos modalidades –convenio entre Administraciones Públicas y convenio entre Administración y administrados– constituye una institución jurídico-administrativa de uso creciente, aunque por razones diversas para cada una de dichas modalidades. La proliferación de...

Como todos los conceptos, "constitucionalismo" ha encerrado una multiplicidad de significaciones, prueba tal vez de su vitalidad para pensar los procesos jurídico-políticos contemporáneos. Pero expresión también de un campo de luchas para determinar sus sentidos. Estado de derecho, justicia constitucional, derechos fundamentales, contrapoderes son nociones que deben ser pensadas en sus propias transformaciones. Por que el constitucionalismo, como lo presupone este libro, no es una esencia.

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar ...