El concepto de familia en Derecho español

Por Gobierno Corporativo se alude a una nueva serie de deberes de los Consejos de Administración, fundamentalmente de las sociedades cotizadas. Su contenido, en España, se ha incorporado al Ordenamiento Jurídico de la mano, de las reformas legales de 2002 y 2003: (Ley Financiera y Ley de Transparencia), cuya expresión más evidente se encuentran el los nuevos apartados de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la obligación por parte de éstas de presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo como se establece en la Ley de Mercado de Valores. En este contexto en el que se discute...

En este libro el lector encontrará cuatro novedosas e interesantes reflexiones críticas de la aplicación del juicio de amparo mexicano, estructuradas por medio de capítulos. Las dos primeras tienen un contenido empírico. La tercera y cuarta son reflexiones con sustento en principios normativos y doctrinales, resultado de la observación, la inferencia y comparativa entre normas jurídicas. El primer enfoque describe el empleo del juicio de amparo como un instrumento para evadir la verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte. Por su parte, el siguiente capítulo...

La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua y el cambio social experimentado en los últimos años, el cual exige ríos con vida, precisa la reforma detallada de la actividad administrativa en nuestros ecosistemas fluviales, vía para que éstos cuenten con aguas limpias y libres que lleguen hasta el mar. En este libro el autor defiende la idea, confirmada por la Directiva Marco del Agua, de que el eje de la gestión del agua ha de ser el ambiental y no el meramente productivista o tradicional, cuya crisis es evidente desde hace mucho tiempo y que nos ha abocado a un callejón sin...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.