Sistema general de riesgos laborales 2 Edición

La finalidad de la Guía legislativa es la de ayudar a establecer un marco jurídico eficiente y eficaz para resolver las dificultades financieras de los deudores comerciales. El asesoramiento impartido por la Guía tiene por objeto conciliar la necesidad de resolver con prontitud y eficiencia las dificultades financieras del deudor con el deber de defender los intereses de las diversas partes que puedan verse directamente afectadas por las dificultades financieras del deudor, principalmente sus acreedores y toda otra parte que tenga algún interés en el negocio del deudor, sin olvidarse de...

Los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales protegen el derecho a la vida y a la integridad personal y, según una fórmula constantemente utilizada por el Tribunal de Estrasburgo, reciben la alta consideración de ser dos normas que, combinadas entre sí, consagran valores fundamentales de las sociedades democráticas que forman el Consejo de Europa. Desde luego, los derechos que garantizan constituyen el presupuesto mismo de todos los demás, por lo que no es extraño que dicho Tribunal adopte una actitud muy rigurosa...

Fernando Ceballos sostiene que la capacidad de producir conocimientos no pertenece exclusivamente a los ámbitos académicos y se lanza a relatar la experiencia manicomial desde la mirada de un trabajador convertida en narrador. En esta segunda edición, aumentada, el autor reafirma su idea de pensar en la experiencia como productora del texto, como motora de acontecimientos en donde la recuperación de los saberes olvidados es su horizonte.

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar ...