Estudios jurídicos sobre responsabilidad penal, civil y administrativa del médico y otros agentes sanitarios

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...

La base esencial de este libro se asienta en un estudio crítico y realista de la pena en el Estado social y democrático de Derecho. No se plantea como un análisis en el sentido más tradicional de aproximación al concepto, fundamento, necesidad o fines de aquella con la reproducción de las teorías más sobresalientes al respecto, sino que sitúa los citados parámetros sobre hipótesis de racionalidad democrática y social y de legitimidad material basada en la aplicación cierta de los principios que fundamentan dicha legitimidad desde la perspectiva constitucional, con el objetivo de...

La moderna Justicia juvenil ha de estar basada en sólidos principios garantistas y socialmente relevantes para la protección del menor, en conseguir que la judicialización de conductas cometidas por estos sujetos sena las mínimas posibles, en intensificar, por el contrario, las previsiones educativas y resocializadoras, en lograr disminuir al máximo el número de delitos cometidos por aquéllos, y en conseguirlo no a través de la presión del retribucionismo preventivo general sino de políticas sociales, económicas, igualitarias, culturales y educativas propias de un verdadero Estado...

Los honorarios profesionales constituyen una materia de primer orden para los abogados y sus clientes. Los primeros, sabedores de la importancia que para el desarrollo y crecimiento de sus despachos tiene la percepción regular de una justa y adecuada compensación por sus servicios; los segundos, altamente sensibilizados al gran esfuerzo que representa satisfacer dicha retribución para la resolución de los problemas y controversias con los que acceden a su abogado. Curiosamente, esta relevancia ha provocado que los honorarios profesionales sean percibidos por ambas partes como un tema...

Esta obra ofrece un análisis, desde la perspectiva jurídica, del fenómeno del despilfarro que deriva de los casos de corrupción o ineficiencia extrema en la gestión de las finanzas públicas. Afronta, por tanto, una cuestión de evidente actualidad que interesa a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los profesionales, no solo del derecho, sino también de otras áreas relacionadas con la administración de los recursos públicos.El libro examina la organización y funcionamiento del sector público, las exigencias jurídicas a las que debe someterse la actividad...

En esta segunda edición, se han adaptado los comentarios a las reformas legislativas, tales como la Ley número 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, la Ley número 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la viviendas protegida y el suelo, y la Ley número 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En esta edición, como en la precedente, los autores, con rigor y exhaustividad, analizan el articulado de la norma, así como la jurisprudencia que pudiera ser de aplicación, las opiniones...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.