Estudios de Responsabilidad Civil

En esta obra se analizan las causas, efectos y mecanismos para sancionar la corrupción a partir de la construcción de un supraconcepto aplicable al sector público y privado —entendiendo la corrupción como la desviación del interés público que se desarrolla a través del abuso del cargo—, con el fin de obtener un beneficio extraposicional en la administración pública o en la empresa privada. Bajo este entendido, la corrupción no es un vicio propio del Estado o de los funcionarios públicos, sino que nace en la sociedad a través de prácticas indebidas pero toleradas desde la...

Las constituciones más contemporáneas declaran derechos individuales en un lenguaje bastante amplio y abstracto: "debido proceso", "igualdad ante la ley", "libertad de expresión". ¿Qué significa este lenguaje abstracto bajo las controversias políticas que dividen a la ciudadanía? ¿Cómo deberían decidir los jueces? Dworkin propone la lectura moral de la Constitución, bajo el entendimiento de que ésta invoca principios morales sobre libertad, igualdad y dignidad. Aun cuando muchos académicos pretenden que las cuestiones constitucionales nunca deben tratarse como cuestiones morales, ...

1. Disposiciones sobre los derechos de la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia. Adela María Doménech Salvador. 2. La libertad de contratación. Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa. 3. La potestad doméstica y levantamiento de las cargas del matrimonio. Ignacio Gallego Domínguez. 4. Las capitulaciones matrimoniales. Óscar Monje Balmaseda. 5. Donaciones por razón de matrimonio. Óscar Monje Balmaseda. 6. Conceptos jurídicos. Francisco Lledó Yagüe. 7. Bibliografía. Francisco Lledó Yagüe. Anexo.

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.