Derecho de los hidrocarburos

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo refleja la preocupación esencial del legislador por la modernización de la gestión administrativa bajo los parámetros de la Constitución de 1991 y las tendencias recientes del derecho administrativo. Esta segunda edición del Código integra las modificaciones legislativas y la actualidad jurisprudencial que, junto con la práctica, han permitido ampliar, precisar y remodelar los comentarios a cargo de 30 expertos en la materia.

Este estudio pone de relieve los componentes orales que recorren la cultura jurídica de la España isabelina - aunque, con alta probabilidad, muchas de las hipótesis aquí lanzadas son perfectamente aplicables a otras tradiciones americanas y europeas. Con el abogado-orador como modelo de jurista perfecto y piedra de toque de la referida cultura, se analizan sucesivamente las prácticas universitarias (lecciones, discursos de apertura, oposiciones a cátedra), la profesión forense (saberes, bibliotecas, gestos...) con atención particular a la literatura sobre elocuencia y, en fin, la...

La Ley 21.000, publicada el 23 de febrero de 2017, y complementariamente la Ley 21.130 sustituyen el anterior sistema de supervisión financiera en Chile. Con la nueva ley, se crea la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que reemplaza a dos agencias regulatorias chilenas: la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) El presente libro, mediante artículos de doce destacados abogados que a su vez son docentes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aborda la evolución histórica de la ...

La ley en cuestión tiene carácter público y se aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, excepto en los casos que se rijan por tratados internacionales. También se aplica a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal en relación a sus actos de autoridad, a los servicios exclusivos que preste el estado y a los contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo. Sin embargo, la ley no se aplicará en materia fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia...