Derecho de los hidrocarburos

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...

Según reiterada doctrina del TC español, «la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad». Sobre esta premisa, en la presente obra se esboza una teoría principialista de la pena. Pero frente a las comprensiones mayoritarias, preocupadas por la idea –que apenas por la praxis– de la prevención, la teoría esbozada se interesa primeramente por «la relación de proporcionalidad entre el desvalor del comportamiento… y la pena», y de la mano de la teoría de la...

La presente obra lleva a cabo un detenido estudio de las deudas de la herencia, de la mano de máximos especialistas en la materia, y con un planteamiento que abarca el Derecho civil común, los apuntados Derechos civiles autonómicos, y los sistemas extranjeros más representativos. Cabe destacar, por otra parte, que el libro es resultado del importante congreso internacional que se celebró en Sevilla (para ser más exactos, de forma telemática desde distintas partes del España y Europa) sobre "Las deudas de la herencia" bajo el auspicio de la Cátedra de Derecho Notarial de la...

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.