Relatividad y delito

En la legítima defensa, el principio de proporcionalidad entre la gravedad del ataque y la reacción del agredido, no despliega toda su eficacia. Las teorías jurídicas son contradictorias al interpretar y aplicar los presupuestos legales de la legítima defensa a los casos más extremos y conflictivos, y muchas de ellas están influidas por la sensibilidad cultural y la realidad económica. La principal aportación de Jacson Zilio es referir estas restricciones ético-sociales a los fines preventivos y garantísticos. Zilio no cuestiona la necesidad de la defensa, sino procura destacar que ...

La mediación familiar es, sin duda, una de las que más desarrollo normativo y aceptación ha tenido en nuestro país, siendo las distintas CCAA las que han venido gestionándola a lo largo de los últimos años y de manera muy eficiente. Dicho esto, la mediación familiar puede definirse como un método autocompositivo de gestión y resolución de conflictos familiares, voluntariamente elegido por las partes, flexible, y en el que interviene un mediador, neutral e imparcial, que tiende a propiciar la comunicación y acuerdo de las partes, en un entorno de confidencialidad y de igualdad. En...

La amplitud y dificultad de las actividades que desarrolla el abogado, unidas a la complejidad de los vínculos humanos generados en sus interacciones, exigen que, como persona humanista y renacentista, este profesional del derecho venga obligado a disponer de múltiples habilidades que le permitan alcanzar la ingente cantidad de retos a los que se enfrenta diariamente. Estas destrezas representan, en su conjunto, el modelo de profesión al que todos debemos aspirar y que dotan de verdadero significado y contenido a nuestro ejercicio profesional. De este como, y a través de su...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...