Ley de la Economía Solidaria, Reglamentaria del Párrafo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen. Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional como los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículo 7 y 28), las...

Constitución y tratados han facilitado la creación de un espacio cultural común en el que las exigencias compartidas por las poblaciones, especialmente en el ámbito de la tutela de los derechos humanos, tienden a obtener respuestas similares por parte de los legisladores y de los jueces. En particular se ha difundido la convicción de que los tribunales constitucionales y los internacionales dialogan entre ellos para experimentar soluciones comunes a los mismos problemas. El libro quiere demostrar que, mientras que existe un diálogo entre tribunales estatales y tribunales de Luxemburgo,...

Esta obra es un compendio de lo m s sustancial y, en su caso, una compilaci¢n breve de lo que es, en la actualidad, la oficina y la funci¢n notarial, aunque como es obvio atendiendo a los documetnos, acciones y procedimientos notariales m s comunes. Se ha querido transmitir por el autor el conocimiento de las facetas m s t‚cnicas de una ofician notarial, desde el punto de vista de un oficial de notaria. Contiene, en parte, la ley de prevenci¢n del fraude, y muy especialmente las £ltimas modificaciones a la Ely del Notariado de 1862, aprobadas por el Pleno del Congreso, el 2 de Noviembre ...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...