Estudios de derecho del consumo (Ley 1480 de 2011) TOMO 2

Desde el ámbito penal y criminológico viene indicándose en los últimos años una consolidación de una nueva «teoría del control», y un nuevo modelo de seguridad ciudadana, que se ha visto reflejado en el ámbito local con nuevas políticas municipales de «mano dura». La creación por parte de numerosos ayuntamientos españoles de ordenanzas cívicas y de convivencia con que intervenir ante conductas que, sin ser delictivas, provocan malestar en la comunidad (vandalismo, prostitución, botellón, etc.) no ha estado exenta de polémica en cuanto a su contenido y a su procedimiento...

Como complemento a la anterior obra colectiva sobre Derecho procesal y Derecho marítimo, presentamos los resultados del estudio de la navegación marítima desde una perspectiva procesal. Como no podía ser de otra manera en atención a irrupción de las nuevas tecnologías en lo que ya se ha venido en llamar Sociedad 4.0, en esta obra se analizan las consecuencias de la implementación de las nuevas tecnologías en tanto en determinados ámbitos del derecho marítimo como del derecho procesal, dedicando especial interés al uso de inteligencia artificial basada en la tecnología blockchain...

En el año 2007, el Área de Derecho Procesal de la Universidad de Vigo y el Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia iniciaron una colaboración centrada en potenciar la formación e investigación en materias propias del derecho de consumo. Como fruto de la misma, esta misma editorial publicó dos años más tarde la obra “Resolución de conflictos en materia de consumo” que, en dos partes, perfectamente diferenciadas contenía una detallada exposición crítica de las especialidades relativas a la protección procesal del consumidor previstas en la Ley de Enjuiciamiento...

Última reforma publicada DOF 14-07-2014 El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando...