El contrato estatal

Obra de consulta para juristas prácticos, pero sobre todo material de estudio para alumnos universitarios que cursan la disciplina de Derecho constitucional, en esta sexta edición se aborda el desarrollo legislativo de nuestra Constitución desde la edición anterior y numerosos cambios por vía de leyes orgánicas o mediante leyes ordinarias bien estatales, bien autonómicas.

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...

«(...) Mi situación personal se fue deteriorando y me encontraba cada vez peor. Necesitaba una raya nada más levantarme ya que si no la esnifaba me dolían los riñones, no paraba de bostezar, temblaba...; la tomaba y asunto solucionado..., hasta el desayuno. Tenía que «meterme» otra para poder desayunar, otra para salir de casa, otra a media mañana, otra antes de comer, después de comer, etc., etc., etc. Al principio la coca me quitaba las ganas de comer, más tarde era precisamente la raya la que me permitía alimentarme. Ya no era vida. Ya no podía disimularlo por más tiempo,...

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar ...