Derecho penal juvenil

El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y exhorta a los poderes públicos a proteger su ejercicio, lo que ha de hacerse siempre dentro de los límites de la sana y justa competencia. Encontramos así una necesidad de tutela frente a los ataques más graves contra intereses relacionados con la libertad de competencia y la justa productividad de las empresas dentro de un sistema como el nuestro, de libre mercado. El Derecho penal debe proteger, pues, intereses concernientes a dichas empresas como primeros sujetos que...

En la legítima defensa, el principio de proporcionalidad entre la gravedad del ataque y la reacción del agredido, no despliega toda su eficacia. Las teorías jurídicas son contradictorias al interpretar y aplicar los presupuestos legales de la legítima defensa a los casos más extremos y conflictivos, y muchas de ellas están influidas por la sensibilidad cultural y la realidad económica. La principal aportación de Jacson Zilio es referir estas restricciones ético-sociales a los fines preventivos y garantísticos. Zilio no cuestiona la necesidad de la defensa, sino procura destacar que ...

Indice: Prólogo. Planteamiento general: hacia la configuración de la extinción de la relación laboral a iniciativa del empresario por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción como un poder empresarial. Capítulo I: El significado de los "motivos no inherentes a la persona del trabajador" en la terminación de la relación laboral. Capítulo II: El marco constitucional para la configuración del poder de extinción de la relación laboral a iniciativa del empresario por necesidades de funcionamiento de la empresa. Capítulo III: El poder empresarial de extinción...

La ley en cuestión tiene carácter público y se aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, excepto en los casos que se rijan por tratados internacionales. También se aplica a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal en relación a sus actos de autoridad, a los servicios exclusivos que preste el estado y a los contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo. Sin embargo, la ley no se aplicará en materia fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia...