Contratación informática y telemática

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento civil y de la Normativa Tributaria, tipifica por primera vez a nivel estatal el denominado contrato de alimentos cuya regulación se incorpora en los artículos 1791 a 1797 del Código civil. Se trata de un contrato que cumple una función social innegable puesto que permite a cualquier persona asegurar el mantenimiento de su tren de vida y hacer frente a las necesidades de la edad o la enfermedad. Por ello, es especialmente útil en ...

A pesar de su inexistente desarrollo doctrinal y jurisprudencial en nuestro medio, esta obra aborda uno de los debates de mayor actualidad e importancia en el contexto jurídico internacional: la relación entre normas jurídicas y normas técnicas. Entre las múltiples transformaciones que representa para el derecho la denominada sociedad de riesgo, destaca la aparición de nuevas fórmulas de actuación jurídica que hacen posible superar los complejos desafíos que ésta supone. Como se demuestra en el libro, en sus diferentes expresiones, la coordinación entre derecho y técnica...

El derecho fundamental de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y de antigua tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno sociológico y político, como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al cual los poderes públicos no pueden permanecer al margen. Nuestra Constitución no es ajena a estas ideas y, partiendo del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a asociaciones de relevancia constitucional como los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículo 7 y 28), las...

LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA. TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente al Sector Social de la Economía.